EL PSOE DE GETAFE SOLICITA QUE EL
AYUNTAMIENTO DE GETAFE SE SUME A LA PETICIÓN DE PARALIZACIÓN DE LA REFORMA DE
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ANTE EL CONSTITUCIONAL
EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA PRESENTA AL PLENO EL INICIO DE LOS TRÁMITES PARA FORMALIZAR ANTE EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL UN CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA LOCAL
TRAS LA APROBACIÓN DE
LA NUEVA LEY
DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Getafe, 3 de marzo de 2014.-
El Grupo Municipal Socialista ha tomado la iniciativa, a la que posteriormente
se ha unido el Grupo de IU-Los Verdes, de presentar al Ayuntamiento Pleno una
proposición para que se apruebe el inicio de los trámites para la formalización
del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y
segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de racionalización y Sostenibilidad
de la Administración
Local.
El Partido Socialista se suma así a la iniciativa junto con la mayoría de los partidos con representación parlamentaria para hacer algo que nunca se ha conseguido hacer antes en España y es que los Ayuntamientos acudan al Tribunal Constitucional para pedirle que se paralice y anule
Esta nueva Ley
quita competencias a los Ayuntamientos vulnerando con ello la autonomía local
establecida en los artículos 137 y 140 de la Constitución , ya que
elimina la posibilidad de que los Ayuntamientos presten por sí mismos
determinados servicios mínimos obligatorios. De seguir adelante la ley del PP
nos podríamos ver obligados en Getafe a cerrar servicios tan importantes como
el Centro Municipal de Salud, el Centro Municipal de la Mujer, las Escuelas
Públicas municipales o los Servicios Sociales locales. Si esta ley hubiera
estado en vigor años atrás, en Getafe no disfrutaríamos ahora de grandes áreas
empresariales puestas en marcha desde el Ayuntamiento a través de la
expropiación, no se ofrecerían los servicios de apoyo al emprendimiento o no se
desarrollarían políticas activas de empleo y formación.
El PSOE quiere
denunciar que con esta nueva Ley el paquete fundamental de los servicios
actualmente prestados por los Ayuntamientos pasarán a manos privadas por la vía
de las Diputaciones, que se van a ver incapaces de asumir estas competencias,
creando un gran negocio donde antes existía un elemento de calidad y de
servicio público.
Además la nueva Ley
prevé una medida radicalmente anticonstitucional y es la posibilidad de que la Junta de Gobierno apruebe
los presupuestos del Ayuntamiento cuando en el Pleno no se alcance la mayoría
necesaria en la primera votación, con ello se quiere hurtar a la oposición el
conocimiento, el control y la votación sobre temas de vital importancia en el
Ayuntamiento.
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